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  • 84%
    Derechos Sexuales y Reproductivos
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  • 52%
    Laicidad
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  • 30%
    Educación Integral en Sexualidad
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  • 75%
    Servicios de Salud Sexual y Reproductiva
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  • 82%
    Servicios Amigables para Jóvenes
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  • 54%
    Aborto
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  • 75%
    Prevención de Mortalidad Materna
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  • 70%
    Parto Humanizado
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  • 79%
    VIH/Sida
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  • 55%
    Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género
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  • 68%
    Rendición de cuentas
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52%

Laicidad

Cerrar
  • Deficiente 0 - 40%
  • Limitado 41 - 55%
  • Puede mejorar 56 - 70%
  • Bien 71 - 90%
  • Óptimo 91 - 100%
Recomendaciones
  • El Ministerio de Justicia debe establecer mecanismos más rigurosos a través de la Dirección de Asuntos Interconfesionales, encargada del Registro de Entidades Religiosas, para que estas entidades den cuenta de los tribunales eclesiásticos existentes y que su estatuto no impida la intervención del Estado en casos de investigación de delitos. Asimismo, debe implementar los mismos mecanismos a través de la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica. El Congreso debe aprobar una norma que impida la prescripción de delitos de violación y pederastia contra menores de edad, delitos recurrentes en comunidades religiosas.

  • La Oficina de Asuntos Católicos, alojada en el Ministerio de Educación, debe separarse de este, ya que está ejerciendo funciones que no le competen y que atentan contra la laicidad del Estado. El Ministerio de Educación debe garantizar políticas públicas autónomas que no perjudiquen a los y las estudiantes, sobre todo en lo que corresponde a políticas educativas sobre sexualidad.

Información adicional
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Medidas prioritarias
  • Principios Generales

    El consenso de Montevideo hace referencia a la Laicidad en los Principios Generales: Reafirmar que la laicidad del Estado es también fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas.