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  • 86%
    Derechos Sexuales y Reproductivos
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  • 84%
    Laicidad
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  • 69%
    Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas
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  • 71%
    Orientación sexual e identidad de género
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  • 80%
    Educación Integral en Sexualidad
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  • 81%
    Servicios de Salud Sexual y Reproductiva
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  • 71%
    Servicios Amigables para Jóvenes
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  • 77%
    Aborto
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  • 95%
    Prevención de Mortalidad Materna
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  • 73%
    Parto Humanizado
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  • 66%
    VIH/Sida
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  • 54%
    Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género
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  • 71%
    Rendición de cuentas
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Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género

2017 – 51%
2022 – 54%
  • Deficiente 0 - 40%
  • Limitado 41 - 55%
  • Puede mejorar 56 - 70%
  • Bien 71 - 90%
  • Óptimo 91 - 100%
Recomendaciones
  • Fortalecer la coordinación interinstitucional para abordar las distintas dimensiones de la violencia de género y mejorar la atención integral e interdisciplinaria de quienes están en situación de violencia (física, psicológica, social, patrimonial y económica) mediante la aprobación de la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres y de Género y el diseño de políticas y la correspondiente implementación de programas de recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento adecuado.

Información adicional
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Medidas prioritarias
  • Medida Prioritaria 65

    Poner en marcha, con el apoyo de todas las tecnologías disponibles, servicios, programas y respuestas multisectoriales integrales e integrados, coordinados, interdisciplinarios, accesibles y sostenibles en todos los niveles, destinados a las mujeres, que incluyan la atención especializada y confidencial de los casos de violencia, que cuenten con recursos adecuados y que reúnan instancias tales como policía, sector justicia, atención en salud integral, incluida la salud sexual y la salud reproductiva, los servicios médicos y psicológicos y asesoramiento, así como opciones de formación y generación de ingresos, para promover la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones

  • Medida prioritaria 37

    Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos