México 2023

El marco jurídico mexicano reconoce y protege los derechos sexuales y los derechos reproductivos, sin embargo es importante mantener atención y promover el fortalecimiento en distintos instrumentos normativos y de política pública, siempre desde un enfoque garantista por encima de uno tutelar y punitivista. Manteniendo los principios de derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Realizar campañas nacionales en medios masivos para dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos, de manera específica, en relación con los siguientes temas: igualdad de género, violencia basada en género, diversidad sexual en las escuelas y acoso escolar por orientación sexual e identidad y/o expresión de género. Dichas campañas con participación de OSC y de las poblaciones a las que va dirigida, desde un marco de derechos humanos, teniendo en el centro la autonomía progresiva, la interculturalidad, la diversidad sexo-genérica, erradicando estereotipos de género, etc.

Garantizar la prestación de servicios de salud libres de influencia moral o religiosa.

Capacitar al personal de salud para que brinden atención sin que sus creencias personales permeen en la prestación de servicios.

Fortalecer la laicidad del estado, para garantizar los principios de Igualdad y No Discriminación, la libertad de consciencia de todas las personas y la autonomía de lo político frente a la religioso, a fin de respetar y garantizar la pluralidad y diversidad social.

La prohibición del matrimonio en menores de 18 años, sin posibilidad de excepciones, no reconoce la autonomía progresiva de las personas adolescentes, orilla a que haya más uniones informales y no considera que el matrimonio sigue siendo una forma de acceder a derechos, como salud y vivienda, entre otros. Por lo que se recomienda contar con dispensas o excepciones basadas en la autonomía progresiva de las personas adolescentes involucradas.

Atender las uniones tempranas forzadas e infantiles, requiere medidas de prevención y cambio cultural. La criminalización de estas prácticas sólo genera mayor clandestinidad y, por lo tanto, mayor vulnerabilidad para las personas adolescentes involucradas.

Prevenir los MUITF requiere acciones integrales, como la Educación Integral en Sexualidad dentro y fuera del ámbito escolar, campañas que busquen erradicar los estereotipos de género, garantizar el acceso a derechos y oportunidades para infancias, adolescentes y jóvenes, entre otras.

Avanzar hacia un mayor reconocimiento legal al cambio de identidad de género para personas trans en todo el país, con procedimientos claros y simplificados, evitando barreras legales, culturales o administrativas.

Fortalecer los mecanismos y protocolos de denuncia específicos para violencia basada en género por orientación sexual e identidad/expresión de género.

Diseñar estrategias, políticas y programas integrales contiínuas para poblaciones LGBTIQ+ específicas para atender las brechas de desigualdad existentes y atender sus necesidades de forma específica y eficiente.

Elaborar un programa de prevención y detección del acoso sexual y la violencia basada en género, incluyendo la orientación sexual e identidad/expresión de género, que cuente con mecanismos claros de reparación y restauración centrados en las necesidades de estudiantes y/o docentes que reciban esos actos, y garantizar su implementación en todas las escuelas del país.

Evaluar la implementación de la Educación Integral en Sexualidad de forma continua, a partir de su incorporación en los libros de texto de 2023, para realizar los ajustes necesarios.

Establecer programas de capacitación integrales y obligatorios a docentes en formación y en servicio para la implementación efectiva de la Educación Integral en Sexualidad.

Garantizar la participación de organizaciones y grupos que trabajen con mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, adolescentes y jóvenes, lesbianas, bisexuales y trans, en estrategias integrales dirigidas a mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y la cobertura de dichos servicios.

Garantizar la evaluación sistemática de políticas y programas de los servicios de salud sexual y reproductiva y promover la rendición de cuentas de acuerdo a los indicadores y metas establecidas.

Impulsar estrategias para mejorar el acceso y cobertura a servicios de salud sexual y reproductiva de personas víctimas de violencia basada en género en un marco que incluya aquella perpetrada por orientacion sexual, identidad y/o expresión de género, características sexuales, crímenes de odio, incluyendo la violencia sexual y de la pareja intima.

Diseñar e implementar campañas en medios masivos para difundir las diversas opciones de servicios de salud sexual y reproductiva disponibles, en colaboración con organizaciones y grupos que trabajen con las siguientes poblaciones: personas en situación de pobreza, personas que viven en áreas rurales, hombres, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres migrantes, lesbianas, bisexuales y trans, poblaciones clave, trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres y hombres que viven con el VIH y víctimas y sobrevivientes de violencia basada en el género, incluyendo violencia sexual y de la pareja íntima, y de violencia por orientación sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales, y de crímenes de odio.

Garantizar que la reforma al Sistema Nacional de Salud contemple la cobertura universal a los servicios integrados de salud sexual y reproductiva.

La Secretaría de Salud debe incorporar estrategias específicas en su marco programático y en las diversas intervenciones realizadas por el personal de salud para la detección de la violencia basada en la orientación sexual, la identidad o expresión de género y las características sexuales

Contar con lineamientos claros para que el personal de SAJ y de SSR sea capacitado y sensibilizado sistemáticamente para identificar y transformar los prejuicios y el estigma en relación con la toma de decisiones, la autonomía progresiva y las capacidades en evolución de las y los adolescentes en la prestación de servicios de salud.

Armonizar los códigos penales de todas las entidades del país con la sentencia AI148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizando el aborto para garantizar la autonomía y la libertad reproductiva de mujeres y personas gestantes.

Implementar campañas de difusión masiva, en áreas rurales y urbanas, sobre las rutas de acceso al aborto legal en cada entidad federativa, que estén dirigidas a audiencias específicas: Personas adolescentes, jóvenes, Indígenas, afromexicanas, con discapacidad, población LGBT, entre otras.

Garantizar de manera sostenida el abasto de mifepristona y misoprostol en los servicios del Sistema Nacional de Salud.

Creación de bancos de sangre en Chiapas, principalmente en las regiones de los Altos, Norte y Selva, que son las que tienen la mayor concentración de población indígena y las de más difícil acceso geográfico.

Contar con un programa y una partida presupuestal para garantizar el traslado oportuno de mujeres a centros hospitalarios con capacidad para atender urgencias obstétricas en todas las entidades del país, especialmente en aquellas con mayor tasa de mortalidad materna.

Proteger y garantizar el derecho de las mujeres y personas embarazadas a decidir sobre la atención del parto y que esta no sea confinada a la atención hospitalaria.

Desincentivar a través de campañas dirigidas al personal de salud y a mujeres y personas embarazadas, la práctica de cesáreas innecesarias.

Asegurar que los programas y políticas relacionados con el VIH y con la salud sexual y reproductiva en general incluyan la garantía del acceso de las mujeres con VIH a una atención integral y de calidad. Para ello, es necesario desagregar por sexo los indicadores ya existentes, e incluir metas e indicadores que den cuenta del impacto de la disminución de las brechas de género en la respuesta al VIH. Es importante incorporar líneas de acción, metas e indicadores sobre salud sexual y reproductiva para mujeres con VIH, tales como demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres con VIH, y prevalencia de VPH y cáncer cérvicouterino en mujeres con VIH.

Generar programas y campañas con el objetivo de reducir o eliminar la estigmatización y la discriminación de las personas que viven con el VIH dirigido a población general y no sólo a las poblaciones clave en la respuesta al VIH, en medios masivos de comunicación, en áreas rurales y urbanas.

Elaborar protocolos o lineamientos que estipulen que la oferta de la prueba del VIH esté integrada en los servicios de salud reproductiva, entre ellos, en la provisión de anticonceptivos y servicios de aborto.

Capacitar a prestadores públicos sobre la implementación de los mecanismos del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para que los procesos sean más eficientes y se reduzcan la carga y revictimización a las personas sobrevivientes.

Fortalecer las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia basada en género en un marco que incluya aquella perpetrada por orientación sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales.