Colombia 2023
Actualizar la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, en donde se incluyan ambas categorías (DS y DR), y asignar presupuesto para lograr su efectiva aplicación en el sector salud y los otros sectores involucrados en la garantía de estos derechos.
Garantizar el respeto al principio de Estado Laico, especialmente por parte de órganos como el Congreso de la República, en donde movimientos religiosos apoyan abiertamente a partidos políticos cuya agenda está enfocada en la presentación de proyectos de ley que retrocedan lo alcanzado con la sentencia C – 055 de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24 y otros derechos reproductivos.
Se garanticen de manera efectiva los derechos reconocidos en materia de uniones civiles, derechos laborales, derechos a la seguridad social, registro civil y especialmente que se adelanten medidas nacionales y territoriales que prevengan y sancionen la discriminación por parte de funcionarios públicos y del estado, así como se prevengan e investiguen las violencias cometidas en contra de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Se cumpla con los lineamientos actuales del Plan Nacional de Desarrollo 2023 – 2026 para que se impulse la Educación Integral para la Sexualidad en las Instituciones Educativas y se priorice la expedición de una Política Pública de EIS, en donde se garantice el derecho a la información, a la salud SSR y el acceso a métodos de planificación familiar.
Se garantice la cobertura de servicios de SSR en todas las entidades prestadoras de servicios de salud, lo que incluye la necesidad de tener personal de salud capacitado en la atención de las necesidades en SSR de cada persona. Que se reconozcan las diversidades y respeten las decisiones de cada persona.
Actualización de los lineamientos ministeriales para la implementación de los Servicios Amigables y el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 3280 de 2018 – Ruta de Atención en Salud Materno Perinatal que tiene enfoque de Curso de Vida, de manera que se promocionen los servicios y los y las jóvenes y adolescentes tengan conocimiento de su existencia y hagan uso de ellos.
Que el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud garantizan el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la Sentencia C – 055 de 2022 y la Resolución 051 de 2023 a los prestadores de servicios de salud y las entidades territoriales en todo el territorio nacional.
Garantizar la efectiva aplicación de la Resolución 3280 de 2018 Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal, por parte de los prestadores de servicios de salud. Garantizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar una atención que respete su autonomía reproductiva.
Las instituciones prestadoras de servicios de salud deben contar con personal capacitado y con experiencia que garanticen una atención al parto con un enfoque de derechos. Es necesaria la creación de protocolos para la atención del parto con un enfoque humanizado.
Garantizar el acceso a servicios de salud que permitan un tamizaje adecuado de la población con VIH/Sida. Implementar medidas sancionatorias efectivas de no discriminación en establecimientos de salud y entidades del Estado. Garantizar la formación del personal en idoneidad para la aplicación de protocolos y rutas de atención a la población LGBT en materia de acceso efectivo a servicios que garanticen sus derechos sexuales y reproductivos.
Los sectores Salud, Justicia y Protección deben garantizar el cumplimiento de lineamientos de la Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios, así como promover espacios de capacitación a sus funcionarios para que se realice una atención adecuada a las VBG con enfoque de derechos y de género.
Fortalecer los canales de atención y recepción de denuncias para conocer las reclamaciones y necesidades y promover oportunidades de mejora. Involucrar efectivamente a la sociedad civil en campañas de información y veedurías ciudadanas.