Perú 2023

Vigilar la distribución y provisión de la anticoncepción de emergencia de manera gratuita y a nivel nacional, para que sea accesible a todas las mujeres que acudan a servicios de salud públicos y privados.

Legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y otorgarles pleno uso de derechos.

Legalizar el aborto por las causales violación sexual y malformaciones. Asegurar el acceso al aborto terapéutico, que, aun siendo legal, enfrenta barreras en el caso de las mujeres menores de edad y de aquellas cuya edad gestacional supera las 22 semanas. Además, dichas causales deben ser aplicadas también en el caso de embarazos en niñas y adolescentes, y debe entenderse la causal salud de manera integral, es decir, incluyendo los impactos en la salud mental y física.

El Ministerio de Justicia debe establecer mecanismos más rigurosos a través de la Dirección de Asuntos Interconfesionales, encargada del Registro de Entidades Religiosas, para que estas entidades den cuenta de los tribunales eclesiásticos existentes y que su estatuto no impida la intervención del Estado en casos de investigación de delitos. Asimismo, debe implementar los mismos mecanismos a través de la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica. El Congreso debe aprobar una norma que impida la prescripción de delitos de violación sexual y pederastia contra menores de edad, delitos recurrentes en comunidades religiosas.

La Oficina de Asuntos Católicos, alojada en el Ministerio de Educación, debe separarse de este, ya que está ejerciendo funciones que no le competen y que atentan contra la laicidad del Estado. El Ministerio de Educación debe garantizar políticas públicas autónomas que no perjudiquen a los y las estudiantes, sobre todo en lo que corresponde a políticas educativas sobre sexualidad.

Recomendación Legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y otorgarles pleno uso de derechos.

Asegurar la implementación integral del Currículo Nacional de Educación Básica y derogar la Ley 31498 por ser un retroceso y amenaza para la Educación Sexual Integral.

En el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el Ministerio de Salud debe reconocer la diversidad sexual y la necesidad de proveer servicios de atención especializados orientados a la población joven LGBTI.

Actualizar y aprobar el “Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2023”, que comprenda intervenciones de salud, educación, protección social y otros derechos relacionados, articuladas con presupuesto multisectorial y promover la participación activa de la sociedad civil en el Comité de Seguimiento y Monitoreo, creado en el marco de este documento normativo.

Derogar el Artículo 30 de la Ley General de Salud por ser inconstitucional y estar en contradicción con el derecho al secreto profesional y al derecho a la intimidad, salud y vida de las mujeres y modificar la legislación para que prevalezcan las obligaciones constitucionales que protegen el secreto profesional e impida que los profesionales de salud denuncien a mujeres por el presunto delito de aborto.

La Dirección de Salud Sexual y Reproductiva debe garantizar que se conozca, comprenda y utilice la Guía de Interrupción del Embarazo Menor de 22 Semanas para que los y las gineco-obstetras brinden servicios en beneficio de las usuarias o, en todo caso, no obstaculicen una atención que salve vidas y no deteriore la salud. El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud, debería informar a las y los profesionales de la salud acerca de las repercusiones legales de su negativa a aplicar la Guía, negativa que puede afectar la salud de las mujeres.

Recomendación Incrementar el número de casas de espera y de referencias oportunas para mujeres gestantes con alto riesgo obstétrico.

Mejorar los diagnósticos desde el Ministerio de Salud para que guarden relación con lo reportado en las Direcciones Regionales de Salud. Asimismo, capacitar a las y los proveedores de salud acerca de la importancia de registrar la codificación adecuada según el tipo de atención, de modo de contribuir a que el registro con el que trabaja el Ministerio de Salud sea coherente y acorde a la realidad.

Recomendación Incorporar mecanismos para que las personas que han sido atendidas durante el embarazo y/o el parto evalúen la atención que les fue brindada y para que esa información sea un insumo para incorporar mejoras en el servicio.

El MINSA debe trabajar de manera articulada con las organizaciones de sociedad civil, haciéndoles participe de las mesas de toma de decisión para proponer lineamientos de coordinación.

Elaborar e implementar una norma técnica específica para mujeres que viven con el VIH en la que se evidencie el proceso diferenciado de acceso a los servicios de mujeres (ginecología, entre otros) y, así, asegurar una atención integral que no estigmatice ni discrimine a las mujeres que viven con el VIH.

Mejorar la aplicación y registro de los tamizajes de violencia basada en el género y crear mecanismos de articulación para la atención y derivación de casos de violencia sexual o violencia de la pareja.

Incrementar el número de casas refugio y brindar medidas de seguridad y condiciones adecuadas para recibir a adolescentes, mujeres, niños y niñas.

Implementar un programa de formación continua desde el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que capacite a proveedores de salud para identificar casos de violencia sexual y violencia de la pareja en las clínicas bajo su jurisdicción de manera descentralizada y eficiente, a través de las Direcciones Regionales de Salud

Implementar un mecanismo formal que asegure la participación de la sociedad civil con la capacidad de hacer propuestas en la Comisión Multisectorial de Seguimiento al Consenso de Montevideo. Dicho mecanismo permitirá facilitar la aplicación local de la Guía Operacional para la implementación del Consenso de Montevideo.

Implementar mecanismos para que las personas usuarias de servicios de salud sexual y reproductiva evalúen la atención que les fue brindada, y que estos mecanismos sean diferentes según la población atendida (adolescentes, población LGBT+, personas con discapacidad, mujeres adultas).