Puerto Rico

2017 2023

Rendición de Cuentas

Detalle de evaluación

¿Cuenta su país con reglamentación para el Acceso a la Información Pública?

Sí, pero hay entidades/poderes a las que no aplica

¿Cuáles? (p.ej. Poder Judicial, Entidades descentralizadas, etc.)

La JCF es un ente no electo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico desde el 2016 para atender el deficit presupuestario en la isla. Esta entidad cuyo objetivo principal es pagarle a los bonitas ha implementado medidas de austeridad contra el pueblo, tambien ha prohibido/limitado el presupuesto decidido por la Asamblea Legislativa. La Ley PROMESA les otorga imunidad absoluta. "[N]ada en PROMESA deja inequívocamente clara la intención del Congreso de derogar la inmunidad soberana de la Junta. La ley no despoja explícitamente a la Junta de inmunidad ni autoriza expresamente la presentación de demandas contra la Junta. Además, sus disposiciones en materia de revisión judicial y protección frente a la responsabilidad civil son compatibles con el derecho general de la Junta a conservar la inmunidad soberana"

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Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública, Ley Núm. 141-2019Durante los últimos días del recién depuesto gobernador Ricardo Rosselló Nevares, este firmo dos leyes que establecen normas sustantivas y procedimientos sobre solicitudes de acceso a información pública. Estas son la Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública, Ley Núm. 141-2019, y la Ley de datos abiertos del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 122-2019. Ambas leyes han sido duramente criticadas por organizaciones de la sociedad civil y periodistas, por crear categorías de confidencialidad de documentos excesivamente amplias, así como por no sancionar la inacción, demora excesiva o negativa gubernamental a proveer acceso oportuno a información pública.

Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477 (1982)Además de lo anterior, desde hace más de treinta años, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que al acceso a la información es un derecho fundamental que emana de las libertades de expresión, asociación y prensa. Véase Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477 (1982). Por tanto, toda controversia sobre acceso a la información se examina al amparo de este derecho. Ello quiere decir que, ante una solicitud de información por parte de cualquier persona, la información en manos del Estado se presume pública, y el Estado solo puede invocar la confidencialidad de información cuando: “(1) una ley así lo declara; (2) la comunicación está protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos; (3) revelar la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) se trate de la identidad de un confidente, y (5) sea ‘información oficial’ conforme a la Regla 514 de Evidencia”. Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 199 DPR 59, 83 (2017).

Qué porcentaje de la información se consiguió por sitios de internet del gobierno/acceso a la información pública?

80-100%

Detalle de evaluación

Capítulo B: Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

B.10 Tasa de fecundidad de las adolescentes (de 10 a 14 años y de 15 a 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad (indicador 3.7.2 de los ODS). Tasa específica de fecundidad de los grupos de edad de 20 a 24 años y de 25 a 29 años (para cubrir al grupo de referencia de la medida prioritaria que mide este indicador).

B.10 | Nivel de desagregación:

Edad

Ubicación geográfica

B.11 Porcentaje de mujeres y de hombres de entre 20 y 24 años que tuvieron su primer hijo antes de los 20 años (indicador 12.4 de la Guía operacional), desagregando tres categorías: antes de los 15 años, antes de los 18 años y antes de los 20 años.

B.11 | Nivel de desagregación:

Edad

Ubicación geográfica

B.16 Porcentaje de madres adolescentes con dos o más hijos.

B.16 | Nivel de desagregación:

Edad

Ubicación geográfica

Capítulo D: Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva

D.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y poblaciones clave (indicador 3.3.1 de los ODS adaptado).

D.1 | Nivel de desagregación:

Género

Edad

Raza

D.3 Indicador para monitoreo del fin de la epidemia: i) porcentaje de personas que viven con el VIH; ii) porcentaje de personas con VIH que reciben tratamiento, y iii) porcentaje de personas que se encuentran en tratamiento para el VIH que logran la supresión de la carga vírica (indicador 38.1 de la Guía operacional).

D.3 | Nivel de desagregación:

Edad

Género

D.8 Índice de mortalidad materna desagregado por causa (indicador 3.1.1 de los ODS).

D.8 | Nivel de desagregación:

Causa, incluyendo aborto

Edad

D.15 Porcentaje de nacidos vivos cuya madre asistió a cuatro o más consultas prenatales (indicador 45.3 de la Guía operacional).

D.15 | Nivel de desagregación:

Edad

D.16 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado (indicador 3.1.2 de los ODS).

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Detalle de evaluación

Se asigna presupuesto específico para:

La prevención y tratamiento a víctimas de violencia basada en género

La prevención y tratamiento de VIH/SIDA

Deficiente0% - 40%
Limitado41% - 55%
Puede Mejorar56% - 70%
Bien71% - 90%
Óptimo91% - 100%
  • Medida Prioritaria 101


    Generar mecanismos regionales y nacionales para el monitoreo y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de esta agenda regional en población y desarrollo para América Latina y el Caribe después de 2014.

  • Medida Prioritaria 107


    Garantizar la efectiva participación de la sociedad civil y los movimientos sociales en la implementación, el monitoreo y la evaluación del Programa de Acción de El Cairo después de 2014, incorporando las medidas aquí acordadas.

  • Medida Prioritaria 105


    Asegurar los recursos financieros suficientes y la movilización de recursos para América Latina y el Caribe de la cooperación internacional, con el fin de acelerar la implementación del Programa de Acción de El Cairo después de 2014 y las medidas aquí acordadas, e instrumentar a la par mecanismos claros y efectivos de transparencia y rendición de cuentas.

  • Principios Generales


    Reconocer asimismo que la gobernabilidad eficaz está basada en la rendición de cuentas, en la participación amplia, en la transparencia y en la vigencia del estado de derecho, y que el fortalecimiento de los gobiernos nacionales y locales es clave para lograr los objetivos de desarrollo, paz y seguridad.